La perversión de legislar contra el propio Estado

En teoría el poder legislativo debería redactar y aprobar leyes que vayan a favor del interés general y nunca para beneficiar al interés particular de un grupo reducido de individuos. Esa sería una praxis política de altura, ya que de lo contrario, el Estado estaría autofagocitándose.

Pues eso es exactamente lo que ha hecho este Gobierno (con la ayuda inestimable del anterior ejecutivo socialista) con la reforma laboral. No sirve a un interés general sino a uno particular. Ya no hablo de si la reforma sirve o no a la creación de empleo (casi me sonrojo al tener que apuntar esto: está claro que NO ha funcionado, por mucho que se empeñe el Gobierno). Voy directamente al día a día de este país. A cómo la ley ha hecho que sea el Estado (o sea, todos nosotros) el que acabe pagando nuestros propios despidos cuando una empresa quiebra. Es el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) quién está asumiendo la gran mayoría de indemnizaciones y algunos sueldos sin pagar de empresas quebradas.

Alguien dirá: hombre, si no hay dinero en la empresa, mejor que haya una 'bolsa común' para proteger mínimamente al trabajador. Por supuesto. Totalmente de acuerdo si el Fogasa solo cubriera aquellos despidos procedentes por término de actividad cuando los accionistas están tan arruinados como el propio trabajador. O cuando no ha habido una mala gestión del o los administradores que ha llevado a la quiebra a la empresa.

La gracia del asunto es que el Fogasa (o sea, todos nosotros) asume los 20 días de indemnización por año trabajado con un tope de 18.282 euros y las nóminas no pagadas con un máximo de 120 días naturales y un tope de 6.010 euros (si te han dejado de pagar más de esa cantidad la has perdido, amiga) aunque los accionistas principales de la empresa tengan patrimonios millonarios; aunque haya habido mala gestión; y aunque se haya producido una dejación en el cese de la actividad que, de no haberse dado, podría haber ahorrado salarios no pagados.

¿No sería más lógico que el Estado procurase por su propio bien no tener que desembolsar dinero día sí, día también -el fondo está tan saturado que en algunas comunidades como Madrid puede tardar más de un año y medio en pagar al trabajador- supervisando en qué casos se ha producido una quiebra de la empresa por la crisis, por no funcionar el mercado, por múltiples razones honorables que a ningún empresario deben avergonzar y en qué casos esta quiebra ha sido por mala praxis empresarial? ¿O en qué casos los accionistas sí tienen patrimonio para, sino reflotar la empresa, liquidar con dignidad a sus trabajadores antes de cerrar la compañía?

Pues por inverosímil que parezca el Estado legisla para que incluso en estos últimos casos tenga que ser el propio Estado el que pague la factura. Es decir, se exime a un colectivo (parte del empresariado, no todo, afortunadamente) de sus responsabilidades y, voilà, se fuerza a que sea el propio trabajador adeudado el que con sus impuestos se acabe pagando parte, solo parte, de lo que se le debe por el trabajo realizado. Muy bonito.

¿Quién legisla? ¿Para quién legisla?