Obligados

"La crisis de Bankia no tiene nada que ver con el alza de la prima de riesgo". Estas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, son falsas. Alguien con la responsabilidad de Rajoy dice algo así solo por dos motivos: o por ignorancia o por mala fe. Las dos razones ponen los pelos de punta a la ciudadanía.

Mientras, Bankia va a engullir 23.000 millones de euros de dinero público por culpa de la mala gestión de sus antiguos responsables (es decir: banqueros, políticos y sindicalistas presentes en su consejo de administración) y el mirar hacia otra parte del supervisor, el Banco de España (eso sí, su Gobernador ha adelantado su salida de la entidad; se puede vender como una dimisión pero acababa su mandato el próximo mes de julio, así que no hay para tanto). Recordemos que los recortes en Sanidad y Educación ascienden a unos 10.000 millones de euros.
Y todavía falta por saber cómo va a inyectar el Gobierno estos 23.000 millones, porque la UE ya le ha dicho que a través de la emisión de deuda pública, ni hablar. No me extraña: España tiene un problema de déficit (simplificando, la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta), es cierto, pero el auténtico problema es que la cantidad de dinero que debemos al exterior (deuda).

A pesar de los dos despropósitos descritos, tanto PP como PSOE se ponen de acuerdo para que nadie tenga que dar explicaciones sobre lo que ha pasado en Bankia. A puerta cerrada, tal vez. Ante la ciudadanía, ni hablar. O sea: nos toman el pelo diciéndonos cosas que no son (nada menos que el presidente del Gobieno) y utilizan nuestro dinero para pagar un juerga que la mayoría no hemos disfrutado (por mucho que se empeñen en decir que 'toda' la sociedad es culpable del despilfarro de los últimos años: ¿de quién rayos hablan?) pero no nos van a dar ningún tipo de explicaciones.

Bueno, cuando los canales de representación ciudadana, como es el Parlamento, no funcionan; cuando la cesión de la soberanía ciudadana se convierte en un expolio; cuando a los medios de comunicación, que a pesar de algunos, son la correa de transmisión de la información y por tanto de la construcción de la opinión pública, se les impide su trabajo a través de subcomisiones a puerta cerrada o de comparecencias sin preguntas; entonces, digo, no le queda a la ciudadanía otro remedio que acudir a los tribunales, a la calle y a la insumisión.

Como decía Ada Colau, de la plataforma Stop Desahucios, cuando una ley es injusta, la obligación ética de la ciudadanía es rebelarse contra ella e intentar cambiarla. No el derecho; la obligación.